El inicio de la 51° peregrinación a Luján estuvo atravesado por la conmoción social tras el triple crimen de Florencio Varela, un hecho que volvió a poner en el centro del debate la problemática del narcotráfico y la ausencia del Estado en los barrios más vulnerables. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue contundente al advertir que “cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”.

El caso, que tuvo como víctimas a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, de entre 15 y 20 años, conmocionó a la opinión pública. Las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y luego asesinadas en un hecho que los investigadores vinculan al narcotráfico. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas antes de morir, lo que profundizó el impacto social y motivó una fuerte reacción de la Iglesia y la Justicia.

En declaraciones a distintos medios, García Cuerva remarcó: “Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país”. El arzobispo también pidió una dirigencia “muy transparente, muy comprometida y muy honesta”, en referencia a la polémica por los presuntos vínculos del diputado José Luis Espert con un empresario detenido por narcotráfico.

La preocupación fue compartida por otros obispos, como los de Quilmes y San Justo, quienes denunciaron la existencia de “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron la ausencia del Estado. En paralelo, jueces y fiscales participaron de encuentros con la Iglesia en barrios afectados, donde se destacó la importancia de la cercanía con la comunidad y la necesidad de recuperar la confianza en la Justicia.

Mientras tanto, la tradicional peregrinación a Luján reunió a miles de fieles bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, en un clima de fe y reclamo social. El evento contó con un amplio operativo sanitario y de seguridad, reflejando la magnitud de la convocatoria y la preocupación por el contexto social. La Iglesia y la sociedad civil insisten en la urgencia de respuestas ante la escalada de violencia y el avance del narcotráfico, en un escenario de creciente demanda de transparencia y compromiso estatal.