A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió el escenario político nacional. La controversia se desató tras la filtración de audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que se menciona a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem como supuestos beneficiarios de pagos irregulares vinculados a la compra de medicamentos.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue el principal vocero del oficialismo en responder a las acusaciones. En declaraciones a diversos medios, Menem negó enfáticamente la veracidad de los audios, calificándolos como "super editados" y "absolutamente falsos". "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule Menem", aseguró, atribuyendo la filtración a una "monumental operación política" del kirchnerismo en el contexto de la campaña electoral.

El Gobierno decidió apartar preventivamente a Spagnuolo de su cargo, argumentando que, de ser ciertos los hechos, el exfuncionario habría omitido denunciarlos, y que, en caso contrario, sus comentarios negativos sobre otros miembros del gabinete justificaban la medida. Menem insistió en que la Justicia debe investigar el caso y que el Ejecutivo no responderá a lo que considera "bombas de humo" mediáticas.

Las grabaciones también mencionan a la droguería Suizo Argentina, pero Menem desmintió cualquier vínculo comercial irregular, explicando que su relación con el sector farmacéutico se limita a su empresa privada de suplementos dietarios. Además, negó la existencia de un video que implicaría a Lule Menem en actividades sospechosas, calificando tales versiones como "leyendas urbanas".

Desde la oposición y algunos medios, se señala la gravedad de las acusaciones y se destaca la cercanía de los implicados con la cúpula del Gobierno. Página/12 recogió testimonios familiares que describen a Lule Menem como un "operador político" con trayectoria en cargos públicos.

El escándalo se inscribe en un clima de alta tensión electoral, con antecedentes de denuncias mediáticas y judiciales en campañas anteriores. El oficialismo minimiza el impacto electoral y llama a la ciudadanía a participar en los comicios, mientras advierte sobre la posibilidad de nuevas operaciones similares en los próximos días. El desenlace dependerá de la investigación judicial y del desarrollo de la campaña en el principal distrito electoral del país.