La provincia de Santa Fe celebró este viernes la jura y entrada en vigencia de su nueva Constitución, un hecho histórico que marca el cierre de una etapa y la apertura de un nuevo ciclo institucional. Tras 63 años sin reformas, la Convención Constituyente aprobó un texto que introduce profundas transformaciones en la organización del Estado, la ampliación de derechos y la modernización de la gestión pública.

El acto central se realizó en la Legislatura provincial, donde el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los convencionales y autoridades de los tres poderes, prestaron juramento ante la flamante Carta Magna. Pullaro subrayó que la reforma “no nació del plan de una persona, sino de un consenso transversal”, destacando que el 93% de los artículos fue aprobado por dos tercios de la Convención. “Este proceso culmina pero, a la vez, abre paso a otras transformaciones que nos deberá encontrar necesariamente juntos”, afirmó el mandatario.

Entre los cambios más relevantes, la nueva Constitución limita la reelección del Poder Ejecutivo a un solo mandato consecutivo, fortalece los mecanismos de control y rendición de cuentas, y reconoce nuevos derechos en materia de salud, ambiente y acceso digital. Además, otorga autonomía plena a los municipios, una demanda histórica especialmente sentida en Rosario.

El intendente rosarino, Pablo Javkin, anunció que en octubre enviará al Concejo Municipal la ordenanza para declarar la autonomía local, lo que permitirá a la ciudad agilizar obras, trámites y planificación urbana sin depender de autorizaciones provinciales. “Por fin, 104 años después de la primera constitución autónoma, volvemos a tener autonomía”, celebró Javkin.

El proceso de reforma, iniciado en julio de 2025, contó con la participación de todos los sectores políticos y sociales. Si bien hubo ausencias de algunos convencionales opositores, la reforma fue legitimada por una amplia mayoría y celebrada como un acto de compromiso democrático y modernización institucional.

La nueva Constitución establece plazos para la adecuación de leyes y organismos, y reconoce la historia cooperativista y mutualista de la provincia. Para los actores políticos y sociales, se abre una etapa de mayor autonomía, derechos y eficiencia en la gestión pública, con el desafío de sostener el consenso alcanzado y materializar los cambios en beneficio de todos los santafesinos.