El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió este miércoles la suspensión y envío a juicio político de los jueces federales Alfredo López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, y Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, por presunto mal desempeño en sus funciones. La decisión fue adoptada en un plenario presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y contó con la participación de todos los consejeros.

En el caso de Alfredo López, la medida fue aprobada por unanimidad tras analizar una serie de publicaciones en la red social X, consideradas antisemitas y discriminatorias hacia la comunidad judía. Las denuncias, presentadas por organizaciones de la comunidad judía y particulares, señalaron un patrón de hostilidad y expresiones ofensivas. López reconoció la autoría de los mensajes, argumentando que se trataba de un ejercicio de su libertad de expresión, pero el Consejo consideró que sus manifestaciones excedieron los límites del decoro y la mesura exigidos a un magistrado. "La libertad de expresión no ampara el odio ni la discriminación", sostuvo la consejera Jimena De la Torre durante el debate.

Por su parte, Pablo Díaz Lacava fue acusado de ejercer violencia laboral, abuso de autoridad y violencia de género contra empleados y secretarios de su tribunal. La investigación incluyó testimonios de víctimas y pruebas documentales, entre ellas una restricción perimetral que le impide ingresar a su lugar de trabajo. El consejero Álvaro González afirmó: "Nos encontramos ante un magistrado que ha ejercido actos de violencia y hostigamiento de manera sistemática". Aunque algunos consejeros propusieron sanciones menores, la mayoría optó por el juicio político.

Ambos jueces fueron apartados de sus cargos y sus casos serán evaluados por el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá decidir en un plazo de 180 días si corresponde su destitución o su restitución en el cargo. En paralelo, el Consejo de la Magistratura avanzó en la aprobación de ternas para cubrir vacantes judiciales y trató otros expedientes disciplinarios.

La situación de López presenta una particularidad: presentó su renuncia antes de la decisión del Consejo, pero el Poder Ejecutivo aún no la ha aceptado. Si la renuncia es aceptada, podría evitar el juicio político y acceder a su jubilación; de lo contrario, deberá enfrentar el proceso y, en caso de destitución, perdería ese derecho. El caso reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en la función pública y la responsabilidad de los jueces en el mantenimiento de la confianza ciudadana en la Justicia.