El Congreso argentino aprobó la polémica reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una sesión marcada por intensas protestas y un debate polarizado. La nueva ley, considerada uno de los proyectos insignia del oficialismo, introduce cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, como la reducción de indemnizaciones por despido, la limitación del derecho a huelga y la ampliación de la jornada laboral. La normativa, que modifica la ley vigente desde 1976, fue sancionada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, pese a la fuerte resistencia de sindicatos y sectores opositores.

Durante el debate, el senador oficialista Juan Cruz Godoy aseguró que "continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo", mientras que el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, calificó la reforma como "abiertamente inconstitucional" y "un desastre legislativo". Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista, argumentó que el régimen laboral vigente "mandó a la informalidad a miles de trabajadores" y que la reforma busca corregir "una estafa moral".

La aprobación de la ley desató manifestaciones masivas frente al Congreso, donde cientos de personas, incluidos dirigentes políticos y sindicalistas, protestaron pacíficamente. La diputada peronista Natalia Zaracho advirtió que la reforma "tendrá consecuencias gravísimas para el pueblo y, en especial, para las mujeres". Aunque reconoció que el 40% de los trabajadores argentinos están en la informalidad, Zaracho sostuvo que el nuevo régimen será aún más perjudicial para el mundo laboral.

Especialistas en derecho laboral coinciden en que la aplicación de la ley será inmediata, pero anticipan una etapa de disputas judiciales. Varios artículos, especialmente los relacionados con indemnizaciones y la redefinición del trabajo independiente, podrían ser cuestionados en tribunales. El abogado Martín Juárez Ferrer señaló que el cambio en los intereses judiciales y la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas generarán controversias, mientras que la abogada Carla Moreno consideró "inevitable" la judicialización de la reforma.

El Gobierno defiende la ley como un paso necesario para modernizar el mercado de trabajo y reducir la "industria del juicio", aunque críticos advierten que podría aumentar la rotación laboral y la precarización. El futuro de la reforma dependerá en gran medida de la interpretación judicial y de posibles fallos de la Corte Suprema, en un escenario que promete prolongadas discusiones políticas y jurídicas.