El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei para atraer inversiones superiores a USD 200 millones en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y turismo. El anuncio se realizó durante la apertura del 43° período legislativo, marcando un giro político tras años de resistencia por parte de la administración fueguina.

La decisión de Melella responde a una profunda crisis económica que afecta a la provincia, con cuentas públicas deterioradas y la necesidad de solicitar asistencia financiera a la Nación. "Consultamos con cámaras empresariales y nos piden que apliquemos", confirmó una fuente del gobierno provincial, reflejando la presión de los sectores productivos locales para sumarse al régimen nacional. Además, el gobernador presentará un proyecto de ley propio con beneficios fiscales, incluyendo la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que busca mejorar la competitividad y atraer capitales.

El proyecto de adhesión fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, liderado por Natalia Graciania Flores, y deberá ser analizado en comisión antes de su eventual aprobación. La iniciativa contempla la aplicación de la normativa nacional y la comunicación al Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de dotar a Tierra del Fuego de mayor previsibilidad y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo.

La adhesión al RIGI se produce en un contexto de tensión política entre la provincia y el gobierno nacional. Recientemente, la Agencia Nacional de Puertos suspendió la habilitación del Puerto de Ushuaia por presuntas irregularidades financieras, lo que llevó a Melella a iniciar acciones judiciales alegando invasión de competencias provinciales. "La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación", sostiene la demanda presentada por el gobierno fueguino.

Tierra del Fuego se suma así a las 17 provincias que ya han adoptado el RIGI, con proyectos aprobados por más de USD 25.000 millones. La medida es vista por el oficialismo nacional como una concesión forzada por la crisis, mientras que desde La Libertad Avanza anticipan una fuerte competencia por la gobernación en 2027. El futuro de la provincia dependerá de la capacidad de atraer inversiones y superar las dificultades económicas que la llevaron a modificar su postura política.