La fiscal Mónica Cuñarro solicitó en las últimas horas la elevación a juicio del clan L’Abbate, acusado de encabezar la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina. El expediente, que se tramita en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, involucra a Vito Antonio L’Abbate, sus hijos Emmanuel, Juan Ignacio y Santiago, y un colaborador, Patricio Gastón Flores, quienes habrían defraudado a más de 400 personas a través de una compleja red de empresas y fideicomisos.

Según la investigación, el grupo ofrecía departamentos en 17 desarrollos inmobiliarios bajo la modalidad de obras de pozo, prometiendo precios atractivos a quienes invirtieran anticipadamente. Sin embargo, las denuncias comenzaron a acumularse desde 2020, cuando los compradores advirtieron que las propiedades nunca eran entregadas. La fiscalía estima que el daño económico supera los 50 millones de dólares y el embargo dispuesto en la causa asciende a 36 mil millones de pesos.

La fiscal Cuñarro sostuvo que los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas”, utilizando un entramado de 23 sociedades, muchas de ellas creadas a partir de 2019, para captar fondos y desviar el dinero de su destino original. “Esta asociación criminal pudo actuar sin ningún tipo de control, ocupando todos los roles en las empresas y valiéndose de diversas formas jurídicas”, afirmó la fiscal en su dictamen.

Vito L’Abbate y sus hijos se encuentran detenidos en penales federales, mientras que la investigación avanza sobre siete nuevos sospechosos vinculados a las sociedades del grupo. En su defensa, los L’Abbate argumentaron que la proliferación de empresas respondió a un default sufrido en 2018, y que su intención era evitar la quiebra y continuar con la construcción de los edificios. Sin embargo, la Justicia considera que el andamiaje societario fue instrumental para el fraude.

El caso, que podría convertirse en la mayor estafa inmobiliaria del país, pone en el centro del debate la falta de controles en el sector y la vulnerabilidad de los inversores ante esquemas complejos de captación de fondos. Se espera que el juicio arroje luz sobre las responsabilidades y las consecuencias para los afectados.