El Senado argentino se prepara para una sesión crucial esta semana, en la que se debatirán los vetos presidenciales a dos leyes fundamentales: la declaración de emergencia pediátrica y el financiamiento de las universidades públicas. Ambas iniciativas, previamente aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras, han generado una fuerte movilización social y política en todo el país.

La ley de emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, busca la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos y personal esencial, además de la recomposición salarial para trabajadores de la salud. El impacto fiscal estimado para el segundo semestre de 2024 asciende a $65.573 millones. El texto también exime del pago de ganancias a personal de salud en áreas críticas y establece la recomposición salarial retroactiva a noviembre de 2023, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, la ley de financiamiento universitario propone actualizar las partidas presupuestarias de las universidades públicas según la inflación acumulada y garantizar la recomposición salarial docente y no docente, con ajustes automáticos y mensuales. La crisis de financiamiento ha puesto en debate el rol de la universidad pública como motor de movilidad social, en un contexto de alta deserción estudiantil y caída de la tasa de egreso.

El rechazo a los vetos presidenciales requiere el apoyo de dos tercios de los senadores, cifra que la oposición parece tener asegurada tras las votaciones previas. Sindicatos de salud y educación han convocado movilizaciones y paros en Buenos Aires y otras provincias, con una marcha central desde el Hospital Garrahan al Congreso el jueves, día de la sesión clave.

El debate se da en medio de una campaña electoral y fuertes tensiones entre el oficialismo, que defiende la necesidad de ajuste fiscal, y la oposición, que advierte sobre el impacto negativo en salud y educación pública. "El éxito de la movilización callejera dejó a la vista la contundente valoración social de la educación y universidad pública", señala un análisis de Losandes. Octavio Miloni, secretario general de ADULP, afirma: "Es un destrato permanente por parte del gobierno".

El desenlace de la sesión será determinante para el futuro de la atención pediátrica y la educación universitaria en Argentina, en un contexto de crisis económica y creciente polarización política.