La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, enfrenta un proceso de juicio político en la provincia tras ser acusada de mal desempeño. Según la investigación periodística y los documentos presentados ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Medina habría estado ausente de su función durante 668 días hábiles entre 2016 y 2025, lo que equivale a tres años judiciales completos. Estas ausencias, en su mayoría justificadas como "capacitaciones" o "motivos de la vocalía", habrían provocado demoras significativas en la tramitación de causas, especialmente en la Sala Laboral del alto tribunal, donde se registraron retrasos en hasta el 90% de los expedientes en algunos años.

Además, se le cuestiona el uso de recursos públicos, como chofer, auto oficial y viáticos, para actividades personales y en representación de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala Laboral tiene causas pendientes contra el Banco de Entre Ríos, entidad que habría realizado contribuciones a la AMJA.

Medina, por su parte, niega las acusaciones y sostiene que todas sus licencias fueron autorizadas y que su despacho está al día. En su descargo, presentado con el asesoramiento de constitucionalistas, argumentó que los vocales del STJ cuentan con un régimen especial de licencias y que no existe daño ni perjuicio en su desempeño. Sin embargo, la documentación aportada por el propio tribunal muestra demoras de hasta 193 días en la emisión de votos en causas bajo su responsabilidad.

El proceso de juicio político requiere una mayoría especial en la Cámara de Diputados provincial para avanzar en la acusación. El oficialismo, que tiene mayoría en la comisión, negocia con la oposición y otros sectores para alcanzar los acuerdos necesarios. Mientras tanto, Medina busca apoyos institucionales y denuncia ser víctima de un "linchamiento mediático".

El caso ha generado un intenso debate en Entre Ríos sobre la transparencia y la ética en el Poder Judicial. Casos previos de juicios políticos a magistrados en la provincia han terminado con renuncias o jubilaciones anticipadas, y no se descarta que Medina opte por una salida similar. La ciudadanía observa con atención el desarrollo del proceso, que podría sentar un precedente en el control y la rendición de cuentas de la magistratura provincial.