En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional confirmó su intención de eliminar el régimen de "zonas frías", una medida que otorga descuentos en la tarifa de gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas. La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei y defendida por el secretario de Energía, Daniel González, forma parte de una estrategia más amplia para reducir los subsidios energéticos y alinear los precios internos con los costos de producción.

La iniciativa generó un fuerte rechazo en la provincia de San Juan, donde la Legislatura local aprobó casi por unanimidad una declaración en defensa de la continuidad del beneficio. En una sesión especial, legisladores de diferentes partidos, incluidos peronistas y orreguistas, coincidieron en la necesidad de mantener el régimen, argumentando que su eliminación afectaría gravemente a miles de familias que actualmente pagan entre un 30% y un 50% menos en sus facturas de gas gracias a la ley vigente. "Defendí en el 2022 en el Senado esta ley. Reconocemos las necesidades de la gente", expresó la diputada Cristina López, mientras que Federico Rizo destacó que el beneficio llega a los departamentos, montañas y valles de la provincia, donde las condiciones climáticas y económicas son más adversas.

El único legislador que apoyó la eliminación fue Fernando Patinella, alineado con el oficialismo nacional, quien argumentó que el régimen genera "distorsiones" y responde a intereses electorales. Por su parte, Daniel González explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que el régimen actual es "regresivo, deficitaria e injusta", y que se propone volver al sistema original, que solo contemplaba a seis provincias completas y dos ciudades de manera parcial. Según González, el beneficio de zonas frías abarca actualmente a más del 40% de los usuarios del país, financiado por aportes que se elevarán del 6,5% al 7,5%, aunque aún no serían suficientes para cubrir los subsidios.

El plan oficial prevé aumentos graduales en las tarifas de gas y electricidad, con el objetivo de que los usuarios paguen hasta el 67% del costo real de la energía en 2026. Actualmente, 9 millones de hogares reciben subsidios energéticos, pero el Gobierno busca reducir ese porcentaje de manera paulatina. La medida ha generado preocupación entre gobernadores y usuarios, quienes advierten sobre el impacto social y económico de la eliminación del beneficio, especialmente en zonas vulnerables.

El debate se da en un contexto de negociaciones por el presupuesto y la búsqueda de acuerdos con los mandatarios provinciales, en medio de una política de ajuste fiscal y de incentivo a las inversiones en el sector energético. Mientras el oficialismo defiende la "normalización" del sistema, la oposición y los actores locales insisten en la necesidad de proteger a los sectores más afectados por el cambio.