La construcción de un megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el centro de Buenos Aires quedó en suspenso tras una medida cautelar dictada por la Justicia porteña. El proyecto, que prevé un edificio de más de 26.000 metros cuadrados y hasta 38 metros de altura en la intersección de avenida Córdoba y Reconquista, fue frenado luego de que la Asociación Civil Basta de Demoler presentara un amparo por presuntas irregularidades en la autorización urbanística y posibles afectaciones al patrimonio histórico de la zona.

La resolución judicial, emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9, suspendió los efectos de la disposición administrativa que habilitaba el uso "local de culto" en el predio, ubicado en un Área de Protección Histórica y lindero al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, ambos declarados Monumento Histórico Nacional. La jueza Andrea Danas consideró que, por la magnitud del proyecto, la autorización debía pasar por el procedimiento de doble lectura legislativa, como exige la Constitución porteña para grandes equipamientos públicos o privados.

En respuesta, la Iglesia mormona presentó un escrito de 139 páginas en el que sostiene que la exigencia de doble lectura no está prevista para locales de culto y que imponerla sería una violación a la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución. "No existe ninguna norma constitucional, legal ni reglamentaria que establezca que el uso lugar de culto deba pasar por la Legislatura para su aprobación", argumentó Carlos Cantero, director de Comunicaciones de la Iglesia.

La organización Basta de Demoler, por su parte, celebró la suspensión y denunció que la autorización otorgada por el gobierno porteño no respetó el Área de Protección Histórica ni los límites de metros y altura permitidos. La Iglesia, en cambio, asegura que el predio no es un inmueble catalogado ni un monumento nacional, y que el proyecto cumple con todos los parámetros urbanísticos y protocolos técnicos exigidos, incluyendo estudios de impacto sobre el entorno y el patrimonio.

Actualmente, el proyecto no cuenta con autorización de obra definitiva, que deberá ser evaluada por la Dirección General de Obras y Catastro. La Justicia deberá decidir en los próximos meses si mantiene la suspensión o permite avanzar con la construcción, en un debate que enfrenta argumentos sobre libertad religiosa, protección patrimonial y desarrollo urbano en el corazón de Buenos Aires.