El cierre de la planta de Fate en San Fernando, que dejó sin empleo a 920 trabajadores, ha generado una crisis nacional y puesto en evidencia las tensiones económicas y sociales que atraviesa Argentina. El anuncio, realizado mientras muchos empleados estaban de vacaciones, desencadenó una reacción inmediata: los trabajadores, encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), ingresaron a la fábrica y realizaron una permanencia en defensa de sus puestos de trabajo. La policía bonaerense intervino, pero no logró impedir el ingreso, y la situación derivó en represión y una orden judicial de desalojo.

El gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria, aunque la patronal de Fate no la acató plenamente. El conflicto coincidió con la discusión de la reforma laboral en el Congreso, lo que amplificó su impacto político y social. El cierre de Fate no es un caso aislado: la producción de neumáticos en Argentina está por debajo de los niveles de pandemia, y la apertura comercial ha facilitado la entrada de productos importados, especialmente desde China. Según informes de consultoras, las importaciones de neumáticos alcanzaron un pico histórico, desplazando a proveedores tradicionales como Brasil.

La reducción de aranceles y la eliminación de restricciones han generado una baja de precios, pero a costa de la destrucción del empleo y la capacidad productiva local. Analistas advierten que la política comercial del gobierno va a contramano de lo que hacen otros países, y que la falta de medidas antidumping pone en riesgo a las autopartistas nacionales. El impacto se extiende más allá de Fate: más de 23 mil empresas han cerrado en Argentina en los últimos años, y el sector industrial enfrenta una caída del mercado interno, desinversión y fuga de capitales.

El conflicto ha movilizado a otros sectores sindicales y generado un debate nacional sobre el modelo económico. El gobierno reconoce el drama de los despidos, pero enfatiza la reducción de precios y la apertura económica. Los trabajadores y sindicatos denuncian la falta de diálogo y exigen la reapertura de la fábrica, mientras empresarios y analistas advierten sobre la pérdida de empleo calificado y capacidades industriales difícilmente recuperables. El caso Fate se ha convertido en un símbolo de la crisis industrial y laboral que atraviesa el país, y su resolución podría marcar el rumbo de futuras políticas económicas y sociales.