El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, dio un paso decisivo en el proceso de privatización de cuatro de los principales complejos hidroeléctricos del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, que incorpora una nueva circular modificatoria al pliego de bases y condiciones del concurso público nacional e internacional para la venta total del paquete accionario de estas sociedades.

Las represas, ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, representan cerca del 20 al 25 por ciento de la generación hidroeléctrica nacional y son fundamentales para la regulación de los caudales de agua en la región patagónica. El proceso de privatización, que se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025, autoriza la transferencia de acciones de las sociedades creadas por Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a la Secretaría de Energía, con el objetivo de avanzar en la venta mediante un concurso público sin precio base.

La nueva circular modificatoria responde a consultas realizadas por los interesados en el proceso y establece que la información será difundida durante tres días en el Boletín Oficial, en el portal CONTRAT.AR, en la plataforma DGMARKET del Banco Mundial y en la página web de la Secretaría de Energía. El plazo de concesión para los nuevos adjudicatarios será de 30 años, con posibilidad de prórroga a cambio del pago de un canon anual al Estado y el cumplimiento de compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.

Desde el gobierno nacional se defiende la medida como parte de un programa de reformas estructurales orientadas a modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia del sistema y reducir la carga fiscal estatal. Sin embargo, sectores opositores, sindicales y autoridades provinciales han manifestado su preocupación por la falta de diálogo y el posible retroceso en la soberanía energética. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, lamentó que el Ejecutivo haya decidido avanzar unilateralmente, mientras que funcionarios de Río Negro advirtieron sobre el impacto en los intereses provinciales.

Expertos en energía han señalado riesgos económicos asociados al mecanismo de dolarización de los ingresos y la posible subvaloración de los activos, lo que podría derivar en litigios internacionales y contratos desfavorables para el Estado argentino. El proceso de privatización de las represas del Comahue se perfila como uno de los ejes más sensibles del plan de reformas impulsado por Milei, en un contexto de débil control institucional y creciente debate sobre el futuro de los recursos estratégicos del país.