La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión para Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y para el asesor Juan Marcelo Vargas, por el delito de peculado en el marco del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en 2015. La decisión del máximo tribunal, que también ratificó la obligación de devolver al Estado $50 millones más intereses, sienta un precedente relevante para otros empresarios procesados en causas de corrupción.

El caso investigó el desvío de fondos a través de tres cheques emitidos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, para la construcción de la "Avenida de los Mineros" entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre, obra que nunca se concretó. Durante el juicio oral realizado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 consideró probada la participación de Lascurain, Vargas y otros funcionarios en la sustracción de fondos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en 2023, y la Corte Suprema desestimó los recursos presentados por las defensas y la fiscalía.

En el proceso, Lascurain reconoció haber recibido el anticipo, argumentando que fue utilizado en la contratación de personal y preparativos para la obra. Por su parte, Atanacio Pérez Osuna, también condenado, afirmó que la obra no se realizó por una decisión política del gobierno entrante. La Corte Suprema, integrada por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, también dejó firme la absolución de Miguel Ángel Larregina, ex coordinador de YCRT.

Este fallo se inscribe en una serie de investigaciones sobre corrupción en la obra pública, incluyendo la causa Cuadernos y otros procesos que involucran a ex funcionarios como Julio De Vido. El avance de la causa es interpretado como un paso significativo en la lucha contra la corrupción empresarial y política en Argentina, y podría influir en el desarrollo de otros expedientes judiciales similares.