Pablo Laurta, acusado del triple crimen en Córdoba, fue autorizado por la Justicia provincial en marzo de 2024 a quitarse el apellido paterno, tras alegar haber sufrido maltrato psicológico y físico durante su infancia. El trámite, iniciado en agosto de 2022, se realizó bajo el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite el cambio de apellido por "justos motivos". La jueza Alicia del Carmen Mira avaló la solicitud y ordenó la modificación del DNI ante el Registro Nacional de las Personas.

Según consta en el expediente judicial, Laurta cortó todo vínculo con su padre, Luis Edinson Rodríguez, al cumplir 18 años, y posteriormente también con su madre, Estrella Laurta, aunque años después retomaron el contacto. En su presentación, Laurta relató situaciones de violencia vividas en su infancia, lo que fue considerado suficiente para la autorización del cambio de apellido. Sin embargo, su madre ofreció una versión diferente, asegurando que Laurta tuvo una infancia "entre algodones" y que el pedido de cambio de apellido respondía a motivos personales.

El proceso incluyó testimonios de familiares y allegados, entre ellos Luna Giardina y Mariel Zamudio, quienes confirmaron que Laurta utilizaba el apellido materno en su vida profesional y social. El expediente civil cobró relevancia tras los hechos ocurridos el 11 de octubre, cuando Laurta fue acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, a su exsuegra, Mariel Zamudio, y a un chofer de aplicación, además de secuestrar a su hijo de seis años.

Laurta fue detenido en Gualeguaychú mientras intentaba huir a Uruguay con su hijo. Actualmente permanece bajo vigilancia en una celda individual, ante el riesgo de que intente atentar contra su vida. El caso ha generado debate sobre los procedimientos judiciales para el cambio de apellido y la protección de víctimas de violencia familiar, así como sobre la evaluación de antecedentes en casos de violencia de género. La madre de Laurta, conmocionada por los hechos, expresó públicamente su preocupación por el bienestar de su nieto y negó las acusaciones de maltrato hacia su hijo.

El caso continúa bajo investigación, mientras se resuelve la custodia definitiva del menor y se analizan las implicancias legales y sociales del proceso judicial que precedió a los crímenes.