La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante el año 2023, según un informe difundido recientemente. El organismo, que brinda cobertura médica a más de cinco millones de afiliados y cuenta con uno de los presupuestos más altos del país, enfrenta cuestionamientos por pagos sin respaldo, controles internos débiles y contrataciones irregulares, lo que generó un perjuicio económico estimado en más de 16.000 millones de pesos.

El informe de la SIGEN, a cargo de Miguel Carlos Blanco, señala que durante la gestión anterior, encabezada por Luana Volnovich, se realizaron pagos a prestadores médicos sin la documentación exigida, utilizando mecanismos internos que carecían de respaldo formal. Además, se detectaron deficiencias en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental, con demoras de hasta tres meses para obtener turnos y falta de camas, situación que el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, calificó como una "crisis humanitaria silenciada".

Entre las irregularidades, la auditoría destaca la existencia de médicos que superaban las cápitas máximas permitidas, contratos incompletos y un sistema de validación de pagos insuficiente. También se identificaron problemas en la compra y distribución de insumos, como los pañales, donde se detectó sobrefacturación y reventa ilegal.

En respuesta, la actual gestión del PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguizamón, implementó cambios en el sistema de recetas electrónicas y centralizó las compras de insumos, buscando mayor transparencia y eficiencia. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, estas medidas permitirán un ahorro anual estimado de 5.000 millones de pesos y eliminarán intermediarios en la entrega de productos a los afiliados.

El informe de la SIGEN también advierte sobre la falta de procedimientos formales en la Subgerencia de Salud Mental y contratos vencidos o sin prórroga, lo que afecta la calidad de la atención. Las autoridades actuales sostienen que los cambios responden a la necesidad de "romper con los privilegios" y mejorar la administración de los recursos públicos.

El caso del PAMI pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los organismos públicos, especialmente en áreas sensibles como la salud y la seguridad social. Las medidas adoptadas por la nueva gestión serán clave para recuperar la confianza de los afiliados y garantizar una mejor prestación de servicios en el futuro.