Un sacerdote de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, será juzgado por tentativa de homicidio tras un grave incidente ocurrido el pasado 7 de marzo. El cura César Schmidt está acusado de haber instalado una conexión eléctrica precaria en el portón de su vivienda, lo que provocó una descarga que dejó en estado crítico a Esteban Bogado, un niño de 12 años.

Según la investigación, el menor intentó recuperar una pelota que había caído en el patio del sacerdote. Al no obtener respuesta al timbre, trató de escalar el tapial y tocó el portón, recibiendo una descarga eléctrica que le causó quemaduras en varias partes del cuerpo. Testigos relataron que la exposición a la corriente se prolongó por más de un minuto, hasta que una vecina logró separar al niño utilizando un palo. Un vecino también resultó afectado al intentar auxiliarlo.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde permaneció varios días internado en terapia intensiva bajo sedación y respiración mecánica asistida. El parte médico indicó heridas en la pierna izquierda, muslo, región inguinal, palma de la mano izquierda y zona temporal derecha.

Las pericias técnicas de la empresa ENERSA, responsable del suministro eléctrico en la provincia, confirmaron que la conexión fue realizada por el propio Schmidt y no se debió a una falla en la red. El sistema instalado representaba una fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para causar la muerte, según los informes incorporados a la causa.

La fiscal Patricia Yedro elevó el caso a juicio bajo la acusación de tentativa de homicidio. Tanto la fiscalía como la querella solicitarán una condena de seis años y medio de prisión efectiva, mientras que la defensa del sacerdote buscará la absolución, argumentando la falta de intención de causar daño.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad en instalaciones eléctricas domiciliarias. El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, advirtió sobre los riesgos de electrificar portones y cercos, calificando la práctica como ilegal y peligrosa. El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades y sentar precedentes sobre la prevención de accidentes similares en el futuro.