El Senado argentino dictaminó este martes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados la semana pasada. El oficialismo busca sancionar la ley en una sesión extraordinaria, aún no convocada oficialmente.

El proyecto contempla penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, y prevé alternativas para infracciones menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. Además, se crearán institutos especializados para menores condenados, garantizando educación, atención médica y tratamiento de adicciones, con personal capacitado en infancia y adolescencia. Se prohíbe la convivencia de menores con adultos en centros de detención.

El proceso penal juvenil incluye mecanismos de mediación y suspensión a prueba en casos leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima. El proyecto reconoce derechos de las víctimas, como ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y recibir asistencia psicológica.

El debate parlamentario estuvo marcado por testimonios de familiares de víctimas de delitos graves cometidos por menores, quienes reclamaron mayor rigor y justicia. "Un niño que agarra un arma deja de ser un niño", expresó Nicolás Sabo, hijo de una víctima. El oficialismo y sectores dialoguistas, como el Frente Renovador, respaldaron el dictamen, mientras que sectores progresistas y juristas criticaron la medida por desconocer estándares internacionales y priorizar el castigo sobre la prevención.

El debate sobre la edad de imputabilidad tiene antecedentes en la última dictadura militar y ha sido objeto de diversos intentos legislativos. Encuestas muestran amplio apoyo social a la baja de la edad, aunque existen cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas y la efectividad de la medida. El proyecto busca alinearse con países vecinos, aunque mantiene penas similares a las de adultos.

La implementación efectiva del régimen dependerá de partidas presupuestarias y de la capacidad de garantizar la resocialización de los menores, un aspecto señalado como clave por diversos actores. El Senado tiene la oportunidad de introducir mejoras antes de la sanción definitiva, en un debate que sigue polarizando a la sociedad argentina.