El sábado pasado, la ciudad de Allen, en Río Negro, fue escenario de un violento episodio que reavivó el debate sobre la justicia por mano propia y la inseguridad en la región. Enrique "Jarita" Jara, propietario de una regalería céntrica, atacó con un machete a un hombre que intentaba robarle, causándole una grave herida en la mano. El hecho ocurrió en la vereda de su local, cuando Jara regresaba de hacer trámites y se encontró con el presunto ladrón, quien lo amenazó y desafió.

Según el testimonio del comerciante, el agresor ya le había robado en ocasiones anteriores, lo que motivó una reacción impulsiva. "Reaccioné muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se caga de risa de vos", expresó Jara en una entrevista con medios locales. El comerciante admitió que el golpe con el machete tenía como destino la cabeza del sospechoso, pero el hombre logró poner el brazo, evitando consecuencias aún más graves.

Tras el incidente, la policía detuvo a Jara y trasladó al herido al hospital de Allen, donde fue atendido por una lesión profunda que comprometió tendones y podría requerir intervenciones quirúrgicas. El comerciante permaneció varias horas demorado en la comisaría, mientras la fiscalía investiga si su accionar se encuadra en la figura de legítima defensa o excede los límites legales.

La noticia generó una fuerte repercusión en la comunidad. Numerosos vecinos se manifestaron en redes sociales y frente a la comisaría, exigiendo la liberación de Jara y justificando su reacción ante la reiteración de robos en la zona. "Es un héroe, no tendría que haber pisado la comisaría. Le hizo un bien a la sociedad", opinó un residente. Sin embargo, también hubo voces que advirtieron sobre los riesgos legales de la justicia por mano propia, recordando que este tipo de acciones pueden derivar en causas penales severas.

El caso expone la creciente preocupación de los comerciantes y vecinos de Allen por la inseguridad y la percepción de falta de respuesta estatal. Mientras la investigación avanza y se esperan definiciones judiciales, la ciudad permanece dividida entre quienes justifican la reacción desesperada y quienes llaman a respetar los límites legales de la legítima defensa. El episodio, que se viralizó rápidamente, obliga a revisar el abordaje institucional frente al delito recurrente y la protección de los ciudadanos.