La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto conocido como Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover grandes inversiones en sectores productivos, tecnológicos e industriales. La votación resultó en 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, reflejando una fuerte división entre el oficialismo, sus aliados y los bloques opositores.

El régimen Súper RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para inversiones superiores a US$1000 millones, con el objetivo de atraer industrias de alto valor agregado, como tecnología, energías renovables e inteligencia artificial. Entre los incentivos se destacan la estabilidad tributaria, exenciones impositivas, amortización acelerada y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino.

El oficialismo, respaldado por el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, defendió el proyecto como una herramienta fundamental para generar empleo y atraer capitales. "Argentina será grande de nuevo", celebró un diputado oficialista tras la votación. Por su parte, la oposición, encabezada por el peronismo y la izquierda, cuestionó la amplitud de los beneficios y advirtió sobre la posible pérdida de capacidad regulatoria del Estado. "Claramente es una ley con nombre y apellido", sostuvo el diputado Maximiliano Ferraro, mientras que Graciela de la Rosa alertó sobre el impacto fiscal y la transparencia del régimen.

La sesión estuvo marcada por intensos cruces y negociaciones, en un contexto político tenso tras los intentos de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete. La secretaria General, Karina Milei, estuvo presente en el recinto y agradeció el trabajo legislativo del bloque oficialista, destacando la importancia de "aguantar los embates de la política".

Con la media sanción en Diputados, el proyecto Súper RIGI avanza ahora al Senado, donde el Gobierno deberá buscar los votos necesarios para convertirlo en ley. El debate promete continuar, con posturas encontradas sobre el impacto económico y la protección a grandes inversiones, en un momento clave para la agenda legislativa nacional.