Una multitud se congregó el 18 de junio en Plaza de Mayo para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena a prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad. La movilización, convocada por sectores kirchneristas y organizaciones sociales, estuvo marcada por la polémica en torno a la cantidad de asistentes y la ausencia de figuras clave del peronismo y la dirigencia sindical.

Mientras desde el entorno de la expresidenta se habló de hasta un millón de personas, el Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, estimó la concurrencia en poco más de 40.000. Medios independientes como La Nación calcularon alrededor de 158.000 manifestantes en el momento de mayor concentración. Bullrich defendió el operativo de seguridad y negó que los controles a los manifestantes tuvieran motivaciones políticas, asegurando que se trató de garantizar la circulación de transportes habilitados y la seguridad general.

Entre los gobernadores peronistas, solo Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) participaron activamente en la marcha, mientras que otros enviaron mensajes de apoyo o continuaron con sus agendas en sus provincias. La Confederación General del Trabajo (CGT), aunque expresó su respaldo a Cristina Kirchner, dejó libertad de acción a sus sindicatos y la mayoría de sus líderes no asistió, reflejando las tensiones internas en el movimiento obrero respecto al liderazgo kirchnerista.

Durante la jornada, Cristina Kirchner envió un mensaje grabado desde su domicilio, instando a la movilización pacífica y denunciando su proscripción política. El operativo de seguridad incluyó controles a los micros que trasladaban manifestantes y la retención de vehículos no habilitados, lo que fue criticado por sectores opositores como un intento de intimidación.

La marcha evidenció tanto el respaldo popular a la figura de Cristina Kirchner como las divisiones dentro del peronismo y el sindicalismo. El debate sobre la cantidad de asistentes y el despliegue policial se sumó a la ya tensa coyuntura política, en un contexto de creciente polarización y cuestionamientos al accionar judicial y gubernamental. Las implicancias futuras de este episodio podrían profundizar la fragmentación opositora y mantener la movilización social como herramienta de presión política.