La Fiscalía de Estado de Mendoza detectó posibles irregularidades en la licitación pública para la organización de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, adjudicada por la Municipalidad de Godoy Cruz a la empresa Estrella Eventos y Espectáculos SA. La investigación se inició tras una denuncia presentada por el concejal Martín González, quien advirtió que la empresa adjudicataria registraba una inhibición judicial al momento de participar en el proceso licitatorio, condición que, según los pliegos elaborados por el propio municipio, impedía su participación.

El dictamen de la Fiscalía, firmado por Fernando Simón, sostiene que existen elementos suficientes para analizar la legalidad del procedimiento y remite el caso al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. El organismo de control subrayó que la cláusula que prohibía la participación de empresas inhibidas era clara y vinculante, y que su incumplimiento podría afectar principios básicos como la transparencia, la igualdad de trato y la selección objetiva de contratistas.

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz, las autoridades defendieron la legalidad del proceso, argumentando que la inhibición respondía a una deuda con la AFIP ya cancelada y que la empresa era el único oferente presentado. Además, señalaron que se reservaron el derecho de efectuar pagos solo una vez regularizada la situación registral de la firma.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado consideró insuficientes estos argumentos y remarcó que la verificación de los requisitos debía realizarse durante la etapa de admisibilidad de las ofertas, no en una instancia posterior. El dictamen advierte que condicionar los pagos a la regularización de la inhibición no subsana la posible irregularidad cometida al momento de admitir y adjudicar la propuesta.

El caso ha generado debate sobre la transparencia y el cumplimiento de las reglas en los procesos de contratación pública, especialmente en eventos de gran envergadura como la Fiesta de la Cerveza. La resolución de los organismos de control determinará si existieron responsabilidades administrativas o patrimoniales en el procedimiento.