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19 de junio de 2025
Politica
Villa La Angostura

El caso de una inversión millonaria frenada por una pelea judicial que menciona a Roca e involucra a los mapuches

• Millonaria inversión hotelera frenada en Villa La Angostura por conflicto judicial y disputa territorial con comunidad mapuche. • Proyecto de US$23 millones y 120 empleos, paralizado a la espera de fallo de la Corte Suprema.

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Un ambicioso proyecto hotelero en Villa La Angostura, Neuquén, permanece paralizado debido a una prolongada disputa judicial por la propiedad de las tierras donde se ubica el emblemático complejo turístico La Posada. El empresario Sebastián Falus, fundador del Grupo Tije, adquirió el terreno en 2006 con la intención de construir un hotel de cinco estrellas y una escuela de hotelería, una inversión estimada en US$23 millones que prometía generar 120 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, poco después de la compra, Falus se encontró con un litigio por la propiedad del terreno, iniciado en 2005 por Carlos Popik contra miembros de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao. La comunidad sostiene que las tierras les pertenecen por derechos ancestrales reconocidos en 1902, mientras que la justicia, en primera instancia, falló a favor del empresario, argumentando que los sucesores de los primeros adjudicatarios vendieron legalmente los terrenos.

A pesar de la orden de restitución del lote a favor del Grupo Tije, la comunidad mapuche apeló y el caso escaló hasta la Corte Suprema, que aún no ha emitido un fallo definitivo. Mientras tanto, una orden de desalojo permanece sin ejecutarse y el hotel cerró sus puertas en septiembre de 2022, dejando a 16 empleados sin trabajo.

El conflicto ha generado preocupación entre empresarios y autoridades locales, quienes advierten sobre el impacto negativo en la economía y el clima de inversión en la región. "No se puede tener un hotel, con huéspedes, si tenés parte del terreno tomado", declaró Falus, quien también denunció daños ambientales y falta de respuesta estatal.

Por su parte, la comunidad Lof Paichil Antriao no respondió a las acusaciones, mientras que el municipio y Parques Nacionales han evitado pronunciarse sobre el tema. El caso, que refleja la complejidad de los reclamos territoriales indígenas en la Patagonia, sigue a la espera de una resolución judicial definitiva, mientras la inversión y el desarrollo local permanecen en suspenso.