Los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesan una de las crisis más severas de las últimas décadas, según advirtieron sus directores médicos en una conferencia de prensa realizada el 5 de mayo de 2026. La falta de transferencia de fondos operativos por parte del Gobierno nacional pone en riesgo la continuidad de la atención médica a más de 700.000 personas y la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud.

De acuerdo con los directores de los seis hospitales de la UBA —entre ellos el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari—, desde enero no han recibido los fondos asignados por el Presupuesto 2026. "Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando atención a los pacientes", afirmó Norberto Lafos, director del Instituto Lanari. Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, detalló que la institución opera actualmente al 50% de su capacidad y que el 80% de su personal percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, rechazó las acusaciones y aseguró que "el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento". Según la ministra Sandra Pettovello, el reclamo de la UBA busca obtener una asignación adicional de $75.371 millones, lo que representaría el 94,5% del fondo nacional para hospitales universitarios, dejando apenas $4.391 millones para el resto del país.

La crisis se produce en un contexto de movilización universitaria y reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Instituto Roffo, especializado en oncología, enfrenta deudas millonarias y equipos críticos fuera de servicio desde hace un año, lo que agrava la situación de los pacientes oncológicos. Las autoridades universitarias y médicas advierten que la falta de financiamiento afecta tanto la atención sanitaria como la calidad de la formación médica, mientras que el Gobierno insiste en que las transferencias se realizaron conforme a la ley y acusa a la UBA de intentar apropiarse de fondos destinados a todo el sistema universitario nacional.

El desenlace de este conflicto podría tener consecuencias profundas para la salud pública y la educación médica en Argentina, en un momento de alta demanda y presión sobre el sistema sanitario.