Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, presentó una nueva queja ante el Tribunal Oral Federal N°2 por las restricciones impuestas al régimen de visitas en el marco de su prisión domiciliaria. Según la resolución judicial, solo su núcleo familiar, abogados y médicos pueden visitarla sin autorización previa, mientras que cualquier otra persona debe solicitar permiso al tribunal, una medida que la exmandataria calificó como "totalmente arbitraria" y sin precedentes en otros casos similares.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Cristina Kirchner expresó: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior, amigos, compañeros y otras personas, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles". La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, advirtió que, de no revertirse la decisión, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.

El tribunal también aclaró que la expresidenta puede utilizar el balcón de su departamento, siempre que no perturbe la tranquilidad del vecindario, y dispuso la colocación de una tobillera electrónica, medida que la defensa considera innecesaria y excepcionalmente rápida en comparación con otros casos de prisión domiciliaria.

La situación se produce en un contexto de alta tensión política, tras la confirmación de la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde el entorno de Cristina Kirchner y sectores del peronismo, se denuncia una persecución judicial y un intento de aislarla políticamente. Por su parte, fuentes judiciales argumentan que las restricciones buscan evitar disturbios y garantizar la convivencia en el barrio donde reside la exmandataria.

El debate sobre las condiciones de detención de Cristina Kirchner reaviva la discusión sobre los límites entre justicia y política en la Argentina, mientras la defensa insiste en que la medida vulnera derechos fundamentales y anticipa nuevas acciones legales a nivel nacional e internacional.