El debate sobre la reforma tributaria en Argentina cobró fuerza tras las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren ampliar el alcance del Impuesto a las Ganancias y endurecer el régimen del Monotributo. Estas propuestas, orientadas a incrementar la recaudación fiscal y fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas, han generado una fuerte controversia política y social.

Actualmente, más de un millón de trabajadores formales, equivalentes al 8,2% de los empleados registrados, están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el FMI propone que el tributo vuelva a gravar a cerca del 20% de los asalariados, como ocurría en 2019, argumentando que la reforma de 2023 redujo excesivamente la base de contribuyentes. Además, el organismo internacional recomienda acercar la carga del Monotributo al régimen general, lo que podría implicar mayores costos y requisitos para pequeños contribuyentes.

La administración de Javier Milei, que durante la campaña electoral prometió no aumentar impuestos, enfrenta críticas por haber restituido Ganancias como parte del paquete fiscal aprobado en 2024. Sectores sindicales y de la oposición acusan al Gobierno de alejarse de sus compromisos y de afectar a los trabajadores en un contexto de salarios deteriorados y alta inflación. "Antes de subir un impuesto, me corto un brazo", fue una de las frases más recordadas del presidente, que hoy es utilizada por sus detractores para cuestionar la distancia entre el discurso y la gestión.

El sistema tributario argentino es considerado uno de los más complejos y distorsivos de la región, con 150 tributos vigentes y una recaudación altamente concentrada en pocos impuestos. El Impuesto a las Ganancias representa el 18% de la recaudación consolidada, ubicándose como el tercer tributo más importante, detrás del IVA y los aportes a la Seguridad Social.

Expertos advierten que endurecer el Monotributo podría aumentar la informalidad y perjudicar a pequeños emprendedores, mientras que el FMI estima que una reforma integral podría aportar hasta 3,3% del Producto Bruto Interno en recaudación adicional. En este contexto, economistas y analistas coinciden en la necesidad de una reforma tributaria racional y equitativa, que contemple el impacto social y productivo, sin profundizar el desgaste de los sectores medios y trabajadores.