El Senado argentino se encuentra en el centro de una nueva etapa de tensión política tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales. La iniciativa, que busca cubrir vacantes en el Poder Judicial, ha reavivado las negociaciones entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores, en un contexto marcado por la controversia y el reparto de cargos.

El trámite legislativo comenzó con la revisión de siete nominaciones, principalmente para el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la lista total incluye postulaciones para distintas provincias. Sin embargo, la mayoría de los pliegos aún no tiene fecha de tratamiento, lo que genera incomodidad en varios bloques políticos, especialmente entre quienes reclaman mayor atención a las vacantes del interior del país.

La reciente aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, entre ellos el de María Verónica Michelli, puso en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo y la oposición. El caso Michelli, en particular, expuso diferencias entre Karina Milei y Patricia Bullrich, aunque finalmente el pliego fue aprobado con 44 votos a favor y 18 en contra. La votación también reflejó la existencia de acuerdos entre distintos sectores políticos, permitiendo que cada uno obtuviera representación en el Poder Judicial.

Un tercio de los pliegos aprobados corresponde a la Lista Celeste, vinculada al peronismo, mientras que el resto se reparte entre sectores cercanos al PRO y la UCR. La agrupación celebró la aprobación como un paso fundamental para el funcionamiento institucional, aunque fuentes judiciales señalaron que muchos de los pliegos provienen de concursos realizados en años anteriores.

El proceso de designación de jueces se da en paralelo a otras negociaciones clave en el Congreso, como la reforma electoral y proyectos estratégicos para el Gobierno. Analistas advierten que la percepción pública sobre corrupción y reparto de poder en la Justicia está en aumento, lo que podría afectar la imagen del Gobierno y la confianza en las instituciones.

Mientras tanto, la cobertura de vacantes judiciales sigue siendo un tema central en la agenda parlamentaria, con reclamos de mayor transparencia y equilibrio en la distribución de cargos entre las distintas regiones del país.