El reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a las reformas previsionales ha desatado una fuerte reacción social y política en Argentina, con epicentro en la ciudad de Córdoba. La decisión del presidente Javier Milei de rechazar leyes aprobadas por el Congreso, que buscaban mejorar la situación de personas con discapacidad y jubilados, fue justificada por el Ejecutivo como una medida necesaria para preservar el equilibrio fiscal. Sin embargo, organizaciones sociales, gremios estatales y figuras públicas han manifestado su profundo rechazo, argumentando que se trata de derechos humanos fundamentales y que el costo fiscal es marginal en comparación con el impacto social.

La Ley de Emergencia en Discapacidad proponía una serie de medidas para reparar un sistema en crisis, caracterizado por aranceles desactualizados, instituciones colapsadas y una tasa de desocupación superior al 75% entre las personas con discapacidad. Además, restituía la compatibilidad entre pensión y trabajo formal, permitiendo a quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad acceder a pensiones sin perder la posibilidad de empleo. El costo estimado de la ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscilaba entre el 0,22 y el 0,42% del PIB, mientras que el paquete previsional total rondaba el 1,2% del PIB.

El veto fue publicado en el Boletín Oficial y generó respuestas inmediatas. En Córdoba, la Plaza San Martín se convirtió en el epicentro de la protesta, con cientos de personas, familiares y trabajadores del sector manifestándose en defensa de la ley. "Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!", expresó Emi Ozan, referente local, durante la movilización. El rechazo se replicó en otras ciudades y frente al Congreso Nacional, donde se denunció el uso de fuerzas de seguridad para controlar a manifestantes pacíficos.

El sistema de pensiones enfrenta auditorías y recortes que dificultan el acceso y la estabilidad laboral de las personas con discapacidad. La derogación de la compatibilidad entre pensión y trabajo formal fue uno de los primeros ajustes del gobierno, generando incertidumbre y precariedad. El arquero Rodrigo Rey, de Independiente, se sumó a las voces críticas, afirmando: "Desentenderse de un derecho tan básico es inadmisible. Los derechos humanos siempre por encima de cualquier política económica".

El debate expuso la tensión entre la necesidad de ampliar derechos y la exigencia de mantener el equilibrio fiscal. Las reformas vetadas no resolvían los déficits organizativos del sistema, pero ampliaban la cobertura y mejoraban los haberes. Organizaciones y gremios estatales insisten en que los derechos de las personas mayores y con discapacidad deben ser una prioridad, y llaman a los legisladores a revertir el veto. El movimiento de discapacidad sostiene que la política en discapacidad no es un gasto, sino una obligación del Estado. El futuro de la ley y de las reformas previsionales sigue en discusión en el Congreso, con especulaciones sobre el costo político de tratar el tema cerca de las elecciones.