El teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército Argentino, fue designado como nuevo ministro de Defensa, convirtiéndose en el primer militar en actividad en ocupar ese cargo desde la última dictadura militar. La decisión, oficializada durante una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada encabezada por el presidente Javier Milei, marca un giro significativo en la tradición democrática argentina, donde desde 1983 la cartera de Defensa había estado reservada a civiles.

Presti, quien recibió su despacho de ascenso junto a otros altos mandos militares, confirmó que no pasará a retiro sino que permanecerá en situación de "disponibilidad", una figura contemplada por la ley 19.101 que le permite conservar su grado y estado militar mientras ejerce funciones civiles. Según la normativa, esta situación puede extenderse hasta seis meses, tras lo cual deberá optar por regresar a la actividad o solicitar su retiro definitivo.

La designación de Presti ha generado un intenso debate político e institucional. Mientras el gobierno sostiene que la medida busca reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas y fortalecer su vínculo con el poder civil, sectores opositores y ex ministros de Defensa han expresado su preocupación por lo que consideran un retroceso en la consolidación democrática y la subordinación militar al poder político. "Voy a seguir con jerarquía militar, pero en una situación distinta", declaró Presti a la prensa, subrayando que su función será eminentemente civil aunque mantenga su estatus castrense.

El cambio en la conducción del ministerio podría desencadenar una renovación en la cúpula militar, ya que la tradición indica que los oficiales superados en jerarquía suelen dejar sus cargos. El ministro saliente, Luis Petri, no logró imponer a un sucesor de su confianza y podría continuar su carrera política en el Congreso, presidiendo la comisión de Defensa.

El nombramiento de un militar en actividad al frente de Defensa revive viejos debates sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, así como sobre la memoria de la dictadura. El gobierno, sin embargo, insiste en que se trata de una decisión orientada a fortalecer la institucionalidad y el profesionalismo militar. El desenlace de esta medida y su impacto en la estructura castrense y en la política nacional serán observados de cerca en los próximos meses.