El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció la eliminación del aporte solidario extraordinario que venían realizando los jubilados provinciales, así como la aceleración en el traslado de los aumentos salariales a los pasivos, quienes ahora percibirán los incrementos al mes siguiente y no a los 60 días. La medida fue comunicada durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, en un contexto de alta tensión política y social en la provincia.

La decisión se produce en medio de negociaciones paritarias con docentes y estatales, y pocos días después de una protesta policial que obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia salarial. Pullaro defendió la reforma previsional al sostener que permitió reducir a la mitad el déficit de la Caja Previsional, aunque reconoció que los resultados debían impactar directamente en los jubilados. "No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado", afirmó el mandatario, en un discurso que también puso énfasis en la seguridad y la inversión en infraestructura.

Desde la oposición y los gremios docentes, la medida fue interpretada como un retroceso forzado por la inminencia de fallos judiciales adversos. Fuentes sindicales señalaron que el gobierno "está yendo para atrás" y vincularon el anuncio con la inminencia de amparos judiciales contra el descuento, que estaban próximos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El diputado Marcos Corach, del perottismo, cuestionó la distancia "entre el relato institucional y la provincia real" y criticó la falta de autocrítica sobre la reciente crisis policial.

El anuncio de Pullaro se enmarca en un año atravesado por conflictos salariales, protestas y demandas judiciales. El gobierno provincial enfrenta desafíos en materia de seguridad, educación y economía, y busca mostrar gestión y control en un contexto de alta sensibilidad política. La eliminación del aporte solidario y la mejora en la transferencia de aumentos a jubilados son vistas como gestos hacia los estatales y el propio frente oficialista, aunque persisten las críticas internas y externas. El desenlace de los amparos judiciales y la evolución de las negociaciones paritarias marcarán el rumbo de la gestión en los próximos meses.