La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto conflicto de intereses. La acusación sostiene que la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, habría sido contratada por empresas con vínculos comerciales con el Estado, entre ellas YPF, ARCA, AySA, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El caso más relevante señalado en la denuncia involucra a National Shipping SA, una naviera que desde hace 28 años presta servicios de transporte de hidrocarburos a YPF. Según la denuncia, la consultora de Angeletti brindó capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en noviembre de 2024 y octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos. Adorni fue designado director de YPF en enero de 2026, después de la realización de estos contratos, aunque ya ocupaba cargos públicos en ese período.

Pagano argumenta que estos vínculos podrían configurar un "circuito triangular de flujos económicos" entre empresas privadas y organismos estatales bajo la órbita de Adorni, lo que podría derivar en un conflicto de intereses. Además, la denuncia menciona nexos con el Grupo Foggia, asociado a la concesión del predio de Tecnópolis, y el Grupo Datco, ambos clientes de la consultora +BE y con contratos estatales.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, quien deberá determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si podrían configurar irregularidades en la relación entre empresas y el Estado. La denuncia también solicita investigar la evolución patrimonial de Adorni y posibles irregularidades en licitaciones públicas, incluyendo supuestas simulaciones de competencia en procesos de contratación estatal.

Fuentes de National Shipping y del entorno de Adorni sostienen que los contratos entre la naviera y YPF son previos a la gestión del funcionario y que las capacitaciones de +BE se realizaron antes de su designación como director de la petrolera estatal. Sin embargo, la diputada Pagano insiste en la necesidad de esclarecer si existió un aprovechamiento de la función pública para beneficio personal o familiar.

El caso ha generado repercusión en el ámbito político y mediático, y se espera que la Justicia avance en la investigación para determinar la existencia o no de delitos vinculados a la ética pública y la transparencia en la gestión estatal.