El escándalo por la suspensión del juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del productor José María Arnal Ponti, quien aseguró que la jueza Julieta Makintach estaba al tanto y autorizó la realización de un documental sobre el proceso judicial. Según Ponti, la magistrada no solo conocía el contenido del proyecto, sino que también prestó conformidad para su desarrollo, lo que contradice las versiones iniciales de la jueza, quien había negado su participación.

El documental, titulado "Justicia Divina", fue ideado por Juan Manuel D’Emilio y María Lía Vidal Alemán, amiga de la infancia de Makintach. El proyecto tenía un costo estimado de 800 mil dólares y se encontraba en etapa de búsqueda de inversores cuando estalló el escándalo. Las primeras grabaciones se realizaron el 9 de marzo en los tribunales de San Isidro, con la presencia de la jueza, lo que, según el productor, demuestra que no se trataba de una actividad clandestina ni prohibida.

La situación de Makintach se agravó cuando una oficial de policía denunció haber sido coaccionada por la magistrada tras declarar como testigo en la causa. Además, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) evalúa su expulsión, mientras el Consejo de la Magistratura bonaerense analiza su conducta en un jury de enjuiciamiento impulsado por varias denuncias, incluida la del procurador Julio Conte Grand.

El caso ha generado un intenso debate sobre la ética judicial y la transparencia en los procesos penales de alto perfil. El guion del documental incluía situaciones reales del juicio y se adaptaba a los hechos en tiempo real, lo que incrementó la polémica. Mientras tanto, el productor insiste en que la jueza no tendría participación en las ganancias del proyecto y que todo se realizó con autorización expresa.

La renuncia de Makintach, presentada esta semana, no la exime de posibles sanciones disciplinarias ni de la expulsión de organizaciones judiciales. El desenlace del caso es seguido de cerca tanto por la opinión pública como por el ámbito judicial, en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducta de los magistrados en Argentina.