Una nueva evacuación preventiva tuvo lugar en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, luego de que se detectaran nuevas fallas estructurales en la Torre A. El episodio ocurre a tres semanas del derrumbe de la losa del estacionamiento subterráneo, que ya había obligado a evacuar a los residentes y mantenía el área bajo custodia y controles judiciales.

La reciente evacuación fue motivada por el hundimiento de una ventana y la aparición de grietas y baldosas levantadas, según informaron vecinos y confirmaron autoridades. "Evacuaron porque una ventana apareció doblada", relató una residente, mientras que otros vecinos reportaron daños adicionales en paredes y pisos. Ante la situación, Bomberos y la Guardia de Auxilio dispusieron la salida preventiva de las familias que habían regresado a sus viviendas tras una habilitación parcial autorizada por la Justicia.

Los abogados de los damnificados, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, presentaron un pedido de imputación inmediata contra las autoridades de la constructora COSUD y del Banco Hipotecario, responsables del fideicomiso que administra el proyecto. Argumentan que existen pruebas directas y presuntivas de responsabilidad penal y critican la habilitación parcial del edificio sin garantías técnicas independientes. Además, reclaman la intervención de peritos independientes y de la Brigada USAR de la Policía Federal, solicitudes que hasta ahora no han sido atendidas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, solicitó ser reconocido como víctima en la causa judicial, argumentando que el episodio implicó el uso de recursos extraordinarios y afectó directamente a la administración local. La Procuración General porteña formalizó la presentación ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, que investiga el caso como estrago culposo.

El complejo Estación Buenos Aires, entregado hace cinco años bajo el programa PROCREAR, ha presentado fallas estructurales desde sus primeras etapas de ocupación, según denuncian vecinos y el administrador. La situación mantiene en vilo a las familias afectadas, que reclaman garantías de seguridad, extensión de la asistencia habitacional y transparencia en la investigación. El área siniestrada permanece clausurada y la causa judicial sigue en curso, mientras persisten las tensiones entre los distintos actores involucrados.