La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales en Argentina alcanzó en marzo su nivel más alto en tres años, según datos del Banco Central y diversos informes sectoriales. El 2,8% de las tarjetas de crédito y más del 4% de los préstamos personales presentan atrasos en los pagos, cifras que no se veían desde 2022 y 2024 respectivamente. Este fenómeno se produce en un contexto de fuerte expansión del crédito al sector privado, que llevó el saldo de deuda en tarjetas de $5 billones a $20 billones en apenas 17 meses.

El endeudamiento de los hogares se ha vuelto una estrategia de subsistencia, especialmente para cubrir gastos básicos como alimentos. Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas señala que el 58% de las deudas con tarjeta se destinan a la compra de alimentos, mientras que el 56% de los hogares utiliza entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales para pagar deudas. El crédito no bancario, por su parte, muestra una morosidad del 10,4%, con dificultades de cobro en el 70% de las financieras.

El costo financiero total de los préstamos personales supera el 100% anual, muy por encima de la inflación esperada para 2025, lo que agrava la situación de los deudores. Los bancos, tanto públicos como privados, han comenzado a mostrar cautela ante el aumento de la morosidad, convocando a clientes en mora para ofrecerles alternativas de refinanciación. Sin embargo, la velocidad del deterioro preocupa a los analistas, quienes advierten que, de continuar la tendencia, podrían ajustarse aún más las tasas de interés.

En el sector empresarial, la presión financiera también se hace sentir, con un repunte de los cheques rechazados y un acceso más restringido al crédito. El director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, calificó la situación como una "luz amarilla" para el sistema financiero, mientras que otros especialistas señalan que el fenómeno debe ser monitoreado de cerca, aunque aún no representa un riesgo sistémico.

El gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de equilibrar la estabilización macroeconómica con la necesidad de estimular el consumo y aliviar la presión sobre los ingresos familiares, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas. El desenlace de esta situación será clave para el futuro del crédito y la recuperación económica en el país.