El Senado argentino aprobó esta semana la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. El gobierno de Javier Milei celebró la sanción como un logro histórico, destacando el inicio de una etapa de profundas reformas. Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, remarcó en redes sociales: “Este equipo de Senadores hizo historia. Si hicimos todo esto en dos meses, imagínense lo que vendrá en las sesiones ordinarias”.

La votación en la Cámara alta estuvo marcada por negociaciones con gobernadores y polémicas sobre el sistema de votación. El oficialismo, que no cuenta con mayoría propia, logró sumar apoyos clave para alcanzar la aprobación. El gobierno también elevó el nivel de seguridad nacional tras los recientes ataques en Medio Oriente, reforzando protocolos en fronteras y zonas sensibles.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no convocar a un nuevo paro, pero anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma laboral y movilizará al Palacio de Tribunales. Los gremios advierten que la ley afecta derechos laborales y podría agravar la situación del empleo, que ya muestra signos de deterioro pese al crecimiento económico del 4% registrado en 2025.

El cierre de la fábrica Fate y el aumento de juicios laborales reflejan la tensión en el mercado de trabajo. Analistas señalan que, aunque la economía muestra signos de recuperación, el empleo formal no acompaña ese crecimiento, lo que genera preocupación social y erosiona la aprobación pública del gobierno.

La reforma laboral, impulsada por reclamos empresariales históricos, busca flexibilizar el mercado y reducir regulaciones. Sin embargo, la oposición y los sindicatos advierten sobre el riesgo de pérdida de derechos y el impacto en la estabilidad laboral. El oficialismo promete continuar con nuevas reformas, mientras la discusión se traslada ahora al terreno judicial y social, con expectativas de mayor conflictividad en los próximos meses.