El asesinato de Saúl Eduardo De Francesco, un jubilado de 77 años, ha sacudido a la comunidad de Zárate y Baradero. El cuerpo de De Francesco fue hallado el domingo en un descampado cerca de la Ruta 9, tras haber estado desaparecido por cuatro días. La investigación, liderada por el fiscal Juan Manuel Esperante y la DDI Zárate-Campana, apunta a un plan criminal ejecutado por dos policías y dos civiles.

Según fuentes judiciales y policiales, el crimen comenzó el 17 de septiembre cuando Florencia Ludmila Valentini, oficial en actividad de la Bonaerense, intentó engañar a De Francesco en su domicilio de Zárate, invitándolo a una supuesta fiesta en su honor. El jubilado desconfió y rechazó la invitación. Horas más tarde, Alejo Ezequiel Moreno, ex policía cesanteado y empleado municipal, junto a dos cómplices, interceptaron a De Francesco en la calle y lo obligaron a subir a un Ford Focus gris. Valentini los seguía en otro vehículo.

La banda condujo a la víctima hasta Baradero, donde fue ejecutado de un disparo en la nuca. Posteriormente, los sospechosos intentaron ingresar a la vivienda de De Francesco con sus llaves, pero se equivocaron de departamento y huyeron al escuchar ruidos. La denuncia de desaparición fue realizada por el hermano de la víctima al día siguiente, lo que activó la investigación policial.

Las cámaras de seguridad municipales y privadas fueron fundamentales para reconstruir el recorrido de los implicados y confirmar la participación de Valentini y Moreno. Ambos fueron detenidos junto a Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache, quienes también están acusados de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad. Los cuatro se negaron a declarar ante el fiscal.

El móvil principal del crimen sería el robo, motivado por la creencia de que De Francesco guardaba una suma importante de dinero en su casa. Valentini, según registros comerciales, acumulaba deudas superiores a $4,5 millones, lo que refuerza la hipótesis de codicia como motor del delito. No hubo pedido de rescate, por lo que la causa no se consideró secuestro extorsivo.

El caso ha generado conmoción y preocupación en la comunidad, especialmente por la implicancia de policías en delitos graves. Familiares de la víctima agradecieron la labor investigativa y pidieron privacidad, mientras vecinos convocaron marchas para exigir justicia. Las autoridades destacaron la eficiencia de la investigación y el rol de la tecnología en la resolución del caso. El proceso judicial continúa, y se espera que las pericias y declaraciones arrojen más luz sobre los hechos y sus responsables.