El Gobierno nacional oficializó la transferencia de la gestión, operación y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas estratégicas a empresas privadas, en el marco de la Red Federal de Concesiones. Desde el 1° de julio, los corredores que incluyen la Ruta Nacional 5, 205, 226 y las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery pasaron a ser administrados por los consorcios Corresur y Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, tras la firma de contratos por 20 años.

La medida implica que las empresas adjudicatarias asumen la responsabilidad de ejecutar obras de modernización, mantenimiento y prestación de servicios, sin recibir aportes ni subsidios del Estado nacional. Según informó el Ministerio de Economía, el objetivo es mejorar la infraestructura vial, optimizar la conectividad y elevar los estándares de seguridad para los usuarios.

Las primeras intervenciones se concentran en 431 kilómetros considerados prioritarios, con tareas de bacheo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas y renovación de señalización. Además, se habilitaron cinco plantas asfálticas en puntos estratégicos y se desplegó maquinaria especializada para acelerar los trabajos.

Uno de los cambios más relevantes para los usuarios es la modernización del sistema de peajes, que desde ahora funcionará exclusivamente con medios electrónicos y automáticos, eliminando el pago en efectivo. Las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo serán las primeras en implementar esta modalidad, permitiendo abonar con TelePASE, tarjetas contactless o billeteras virtuales. El Estado nacional continuará fijando las tarifas, con actualizaciones trimestrales según la inflación.

El nuevo esquema reemplaza la gestión estatal de Corredores Viales S.A. y busca promover una administración más eficiente y sustentable de la red vial, transfiriendo el riesgo operativo a las empresas privadas. Las rutas y autopistas concesionadas conectan el área metropolitana con zonas productivas, industriales y turísticas, por lo que la medida tiene impacto directo en el transporte de cargas y pasajeros.

Desde el Gobierno se destaca que la iniciativa permitirá mejorar la calidad de los servicios y la seguridad vial, mientras que las concesionarias subrayan la importancia de la inversión privada y la modernización tecnológica. Hasta el momento, no se han registrado protestas significativas por parte de los usuarios, aunque se espera que la adaptación al nuevo sistema de peajes y eventuales cambios en tarifas generen atención en los próximos meses.