Las intensas lluvias que azotaron la provincia de Corrientes durante diciembre de 2025 y enero de 2026 provocaron una de las peores crisis hídricas de los últimos años. Según datos oficiales, en localidades como San Miguel se registraron hasta 570 milímetros de precipitaciones en un mes, cifra que triplica los promedios históricos para la región. El fenómeno dejó más de 600 personas evacuadas, campos anegados y graves pérdidas productivas, especialmente en el norte y centro provincial.

La capital correntina y ciudades como San Luis del Palmar, Empedrado y El Sombrero fueron especialmente afectadas. En la capital, la declaración de Emergencia Hídrica y Climática fue aprobada tras una sesión marcada por protestas de vecinos que exigieron soluciones concretas a los problemas de infraestructura. "El agua me tapó y pasa por arriba del camino", relató Sergio Sonza, productor ganadero de Caá Catí, reflejando la situación crítica en las zonas rurales.

El Gobierno provincial, junto con organismos nacionales como la Agencia Federal de Emergencia y la Gendarmería Nacional, desplegó operativos de ayuda, entregando artículos de primera necesidad y kits de higiene. Sin embargo, los reclamos por la falta de obras de drenaje y la insuficiencia de la asistencia estatal se multiplicaron. Productores rurales denunciaron la falta de planificación y mantenimiento en caminos y sistemas hidráulicos, mientras que organizaciones como Confederaciones Rurales Argentinas respaldaron la demanda de un plan de obras a largo plazo.

En el plano político, la diputada nacional Virginia Gallardo presentó un proyecto en el Congreso para declarar la Emergencia Hídrica en Corrientes, argumentando que la medida permitiría agilizar la asistencia y la recuperación de las comunidades afectadas. "Se necesitan herramientas extraordinarias para sostener y ampliar la respuesta ante el desastre", sostuvo Gallardo.

El pronóstico climático indica la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días, lo que mantiene la alerta en la región. Mientras tanto, la asistencia a los damnificados continúa y el debate sobre la necesidad de inversiones estructurales se instala como uno de los principales desafíos para las autoridades provinciales y nacionales.