La Justicia argentina avanza en una investigación que sacude a la dirigencia del fútbol nacional. El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, dispuso levantar el secreto de sumario y ordenó una serie de medidas para esclarecer la propiedad de más de 50 autos de lujo hallados en una quinta de Villa Rosa, Pilar, presuntamente vinculados a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La pesquisa, que involucra a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, apunta a determinar si estos actuaban como testaferros de figuras como Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó información a la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre pólizas de vehículos, a los Registros de la Propiedad Automotor sobre cédulas azules, y a empresas de rastreo satelital y Telepase para reconstruir los movimientos y titularidad de los bienes.

El domicilio de Misiones 4097, en Villa Rosa, se convirtió en el epicentro de la investigación. Allí, la Justicia también indaga sobre servicios de internet, telefonía y cerco eléctrico, buscando identificar a los verdaderos usuarios y responsables de la propiedad. Además, se investiga el uso de tarjetas SUBE y los trayectos realizados por los acusados.

El allanamiento inicial fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien luego se declaró incompetente, dejando la causa en manos del fuero penal económico. La Cámara de Apelaciones respaldó esta decisión, señalando que, por el momento, solo estaría comprometido el orden económico y financiero.

En paralelo, la Inspección General de Justicia observó partidas contables por más de US$460 millones en la AFA y la Superliga, lo que refuerza las sospechas sobre la opacidad en la gestión de fondos y contratos. La AFA, por su parte, emitió un comunicado negando irregularidades y denunciando persecución política, mientras que analistas y medios destacan el impacto negativo en la confianza del fútbol argentino.

El juez Aguinsky concedió a los acusados un plazo para ejercer su defensa y priorizó la adopción de medidas urgentes, postergando la definición sobre la competencia jurisdiccional. El caso, que aún se encuentra en una etapa inicial, podría tener implicancias de largo alcance para la transparencia y la gobernanza en el fútbol nacional.