La reciente muerte de dos profesionales de la salud en Buenos Aires, vinculada al uso de anestésicos hospitalarios, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales. El anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt fueron hallados sin vida en sus domicilios, rodeados de ampollas de propofol y fentanilo, dos sustancias de uso restringido en el ámbito médico.

Las investigaciones, a cargo de la Justicia porteña, se centran en el presunto robo de estos fármacos del Hospital Italiano, donde dos profesionales, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, han sido imputados. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado pruebas que los vinculen directamente con las muertes de Zalazar y Bentancourt. Tampoco se ha comprobado la existencia de una red organizada ni de fiestas sistemáticas, conocidas como "propofest", en las que se consumirían estos anestésicos de manera recreativa.

El caso ha generado un intenso debate en la comunidad médica y en la sociedad sobre el acceso y control de medicamentos de alto riesgo. Carlos Damin, director del Hospital Fernández y referente en toxicología, subrayó que el consumo de propofol y fentanilo fuera del ámbito hospitalario es extremadamente raro en Argentina. "En 35 años de trabajo, nunca vi recuperarse a un paciente consumidor de opioides; siempre son casos aislados y con recaídas dramáticas", afirmó Damin.

El propofol, aunque no es considerado una droga ilegal en el país, y el fentanilo, altamente controlado, son medicamentos que no se comercializan en farmacias y cuyo uso está estrictamente regulado en hospitales. Las investigaciones han detectado casos de "robo hormiga" de estos fármacos, pero los controles internos son rigurosos y dificultan su desvío sistemático.

El fenómeno, aunque impactante, no representa un problema social extendido. Los expertos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los anestesiólogos y recalcan que la mayoría de los profesionales actúan con responsabilidad. La Justicia continúa investigando para esclarecer los hechos y determinar si existieron delitos adicionales, mientras el debate sobre la prevención y el control de sustancias en hospitales sigue abierto.