El gobierno argentino restringió el acceso de varios periodistas a la Casa Rosada y el Congreso tras la denuncia de una presunta campaña de desinformación financiada por Rusia para desprestigiar al presidente Javier Milei. La medida, que afecta a profesionales de medios como Ámbito Financiero, El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada, fue justificada por el Ejecutivo como una acción preventiva mientras se esclarecen los hechos.

La investigación, realizada por un consorcio internacional de periodistas y basada en documentos filtrados de una entidad rusa, sostiene que entre abril y octubre de 2024 se habrían pagado unos US$ 283.000 para la publicación de más de 250 artículos críticos en al menos 20 medios digitales argentinos. Los documentos también revelan el uso de perfiles falsos y la posible utilización de inteligencia artificial para la creación de autores ficticios. La Embajada de Rusia en Buenos Aires rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas.

El gobierno argentino, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado, había detectado la red en 2025 y formalizó la denuncia ante la Justicia Federal, que ahora investiga posibles delitos de injerencia extranjera, lavado de activos y violación a la soberanía nacional. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, identificó a ciudadanos rusos residentes en el país como presuntos involucrados en la maniobra.

La decisión de restringir el acceso a la prensa generó una fuerte reacción de organizaciones periodísticas como ADEPA y FOPEA, que advirtieron sobre el riesgo de estigmatización y censura indirecta. "FOPEA alerta por la gravedad institucional que supone que el primer mandatario genere y replique mensajes de odio hacia el periodismo", señaló la entidad en un comunicado. Por su parte, ADEPA pidió evitar generalizaciones que puedan afectar la confianza pública en los medios.

El caso reavivó el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de prensa en Argentina. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para proteger la institucionalidad, periodistas y medios afectados denuncian arbitrariedad y falta de pruebas. La investigación periodística, aunque seria, no pudo verificar de forma independiente todos los pagos ni la autoría real de los artículos señalados. El desenlace judicial y político de este caso podría sentar un precedente clave para la relación entre el Estado y los medios en el país.