Una propuesta de reforma previsional en Argentina, impulsada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y actualmente en análisis por el gobierno nacional, ha reavivado el debate sobre el futuro del sistema jubilatorio. El proyecto plantea un aumento gradual de la edad jubilatoria, la eliminación de regímenes especiales y cajas profesionales, y la introducción de una prestación proporcional para quienes no alcancen los 30 años de aportes.

Según el documento, la reforma busca equiparar la edad de retiro de mujeres y varones, con un incremento paulatino de seis meses por año para las mujeres hasta alcanzar los 65 años, y luego un aumento de un mes por año para toda la población, acompañando la expectativa de vida. Además, se eliminaría el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación contributiva, permitiendo un acceso más universal al sistema.

El proyecto también propone revisar y unificar los regímenes especiales y diferenciales, que actualmente representan el 55% del gasto previsional, pese a abarcar solo al 40% de los jubilados. La eliminación de las cajas profesionales y la limitación del cobro simultáneo de jubilaciones y pensiones por viudez son otras de las medidas destacadas. El ahorro fiscal estimado sería del 10% del gasto previsional, equivalente al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Especialistas y representantes sindicales han manifestado preocupación por el impacto de la reforma en los trabajadores próximos a jubilarse y han subrayado la importancia de resguardar los derechos adquiridos. "El mayor gasto que hace el Estado Nacional es en prestaciones de la Seguridad Social", señaló Carlos Gallo, quien remarcó la necesidad de un debate profundo y la participación de adultos mayores y especialistas en la discusión.

El contexto económico y social agrega complejidad al debate. El sistema previsional argentino es considerado costoso e ineficiente, con múltiples regímenes de excepción y una base de aportantes en disminución debido a la informalidad laboral y problemas educativos. En los últimos cuatro años, el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 25%, y la inflación sigue siendo un obstáculo para la estabilidad del sistema.

El gobierno y analistas sostienen que la reforma es clave para la sostenibilidad fiscal y la equidad, aunque reconocen la necesidad de proteger derechos adquiridos y garantizar la participación de los sectores afectados. El debate continuará en los próximos meses, con la expectativa de que la reforma se discuta a fines del año próximo.