El juicio oral por la denominada "Causa Cuadernos" avanzó este jueves con la novena audiencia, en la que el Tribunal Oral Federal 7 continuó la lectura de las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y pago de contratos de obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas. El tramo conocido como “La Camarita” se centra en la supuesta existencia de un sistema de sobornos y retornos que involucraba a funcionarios, empresarios y financistas.

Durante la audiencia, se repasaron los testimonios de varios imputados colaboradores, entre ellos los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner, el financista Ernesto Clarens y el exsecretario de Obras Públicas José López. Según sus declaraciones, existía un esquema de pagos exigidos a empresas constructoras para destrabar pagos estatales y financiar actividades políticas. “De Vido, en alguna oportunidad, me dijo ‘no se puede hacer política sin plata’”, relató Roggio, quien aseguró que su grupo fue excluido de adjudicaciones importantes tras negarse a participar del circuito.

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, admitió haber realizado pagos a Clarens para sortear el ahogo financiero provocado por atrasos sistemáticos de Vialidad Nacional. Clarens, señalado como pieza central del circuito, explicó que recibía el dinero de las empresas, lo cambiaba a dólares y lo entregaba a José López, quien coordinaba con Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner. Según Clarens, “el destino final del dinero siempre era El Calafate”, donde se guardaba en bóvedas en la casa del matrimonio Kirchner.

El sistema, según los testimonios, operó entre 2003 y 2015, con un quiebre tras la muerte de Néstor Kirchner y una reactivación en 2011. Los porcentajes de sobornos variaban entre el 3% y el 10% del valor de las obras, y las entregas de dinero se realizaban en efectivo, muchas veces en sobres y en lugares insólitos como baños de oficinas ministeriales. Empresarios que no aceptaban el sistema sufrían demoras en pagos y exclusión de licitaciones.

Por su parte, Cristina Kirchner y otros exfuncionarios niegan los hechos y denuncian persecución judicial. El juicio, que involucra a más de 60 empresarios y 20 exfuncionarios, es considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en Argentina. El proceso continuará con la lectura de descargos y testimonios, y se prevén nuevas audiencias en diciembre, mientras la causa sigue generando repercusiones políticas y judiciales.