El caso del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace 19 años en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, ha dado un giro significativo luego de que el fiscal Pablo Jávega diera por concluida la investigación y solicitara la elevación a juicio del principal sospechoso, Roberto Bárzola. Bárzola, quien trabajaba como parquetista en la casa de la víctima, fue vinculado al hecho a partir de pruebas genéticas que lo sitúan en la escena del crimen.

Según el dictamen del fiscal, el ADN de Bárzola fue hallado en ocho lugares distintos del cinto de la bata de baño con la que Dalmasso fue ahorcada, así como en un vello púbico encontrado en el cuerpo de la víctima. "Se ha alcanzado la probabilidad necesaria de elevación a juicio", afirmó Jávega en conferencia de prensa, subrayando que la acumulación de indicios excluye otras hipótesis.

No obstante, la situación judicial de Bárzola es compleja. En octubre pasado, la Cámara Criminal de Río Cuarto había decretado su sobreseimiento total por prescripción, al considerar que habían transcurrido casi 19 años desde el hecho, superando el plazo legal de 15 años para la acción penal. La familia de Dalmasso, constituida como querellante particular, apeló esta decisión y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que aún no se ha expedido.

La defensa de Bárzola, encabezada por Zacarías Ramírez Rigo, sostiene que su defendido es inocente y que la causa debe ser sobreseída por prescripción. "El fiscal Jávega se aparta de lo que marca la legislación en cuanto a la prescripción de la causa", declaró Ramírez Rigo.

El caso ha estado marcado por irregularidades y demoras. Tres fiscales que intervinieron en la instrucción enfrentarán un jury de enjuiciamiento por su actuación. Durante años, la investigación se centró en la familia de la víctima, hasta que en 2022 el viudo Marcelo Macarrón fue absuelto tras ser acusado como autor intelectual.

La sociedad cordobesa y la familia de Dalmasso esperan que, tras casi dos décadas de incertidumbre, la Justicia logre esclarecer el caso y se haga justicia. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver sobre la prescripción antes de que el proceso avance a juicio oral o, al menos, a un juicio por la verdad.