El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 433/2025, una reforma clave en el régimen de licencias para servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y radiodifusión por suscripción. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, con el objetivo de agilizar el acceso al mercado y fomentar la competencia, especialmente para cooperativas y entidades sin fines de lucro.

Hasta ahora, el proceso para que estas entidades accedieran a licencias incluía un procedimiento de oposición ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la necesidad de obtener un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) si ya existía un prestador en la zona. Según el Gobierno, estos requisitos funcionaban como barreras burocráticas que dificultaban la entrada de nuevos operadores y favorecían a grandes empresas del sector.

Con la nueva normativa, se eliminan estos pasos administrativos, permitiendo que cooperativas, asociaciones civiles y otras personas jurídicas sin fines de lucro puedan acceder más fácilmente al registro de servicios TIC y de radiodifusión por suscripción. El decreto también establece obligaciones para estos operadores, como la separación contable y funcional entre los servicios públicos y los de comunicación audiovisual, la prohibición de prácticas anticompetitivas y la obligación de compartir infraestructura en condiciones de mercado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma al afirmar que "se corrige una anomalía por la que la casta empresaria lograba usar al Estado para restringir la competencia". Además, destacó que la medida busca incentivar la inversión privada, ampliar la oferta de servicios y mejorar la calidad para los usuarios.

La reforma se apoya en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N.º 27.742), que declaró la emergencia pública en diversas áreas y habilitó la simplificación administrativa en sectores estratégicos como las telecomunicaciones.

El nuevo marco legal ya está vigente y refuerza el rol del ENACOM en la fiscalización de condiciones de mercado y en la resolución de disputas por el uso de infraestructura. Se espera que la eliminación de trabas administrativas acelere el ingreso de nuevos operadores, fomente la competencia y redunde en mejores servicios y precios para los consumidores en todo el país.