La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. El fallo, que ratifica la sentencia por corrupción y malversación de fondos públicos, provocó una inmediata reacción en el ámbito político y social argentino.

Tras conocerse la decisión judicial, el Partido Justicialista (PJ) convocó a una reunión de emergencia en su sede de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires, para definir un plan de acción frente a la situación de su principal referente. A la cumbre asistieron figuras como Sergio Massa, Guillermo Moreno y Juan Grabois, quienes coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y coordinar acciones de protesta en todo el país. “Hasta que Cristina no sepa si va a cumplir la condena en su casa, vamos a estar en la calle”, expresó un dirigente kirchnerista a Infobae.

En paralelo, manifestantes se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, en el barrio de Constitución, y en distintos puntos del conurbano bonaerense, realizando cortes de tránsito y acampes en apoyo a Kirchner. La defensa de la expresidenta solicitó el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando su edad, su condición de exjefa de Estado y el intento de atentado sufrido en 2022. El Tribunal Oral Federal N°2 deberá resolver en los próximos días sobre este pedido, mientras el Ministerio de Seguridad evalúa los posibles lugares de detención.

El Gobierno, por su parte, aseguró que la detención será “respetuosa” y sin “show mediático”, en referencia a episodios anteriores con exfuncionarios. El presidente Javier Milei defendió la independencia del Poder Judicial y negó cualquier injerencia política en el proceso: “He sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente”, afirmó desde Israel.

El fallo de la Corte Suprema profundizó la polarización política en Argentina. Mientras sectores del peronismo y aliados denuncian una “proscripción” y “persecución judicial” contra Kirchner, la oposición y el oficialismo sostienen la legitimidad de la condena. El bloque de diputados de Unión por la Patria repudió la decisión y llamó a la unidad, mientras que dirigentes sociales y sindicales debaten la conveniencia de movilizaciones masivas.

El desenlace de la causa Vialidad y la respuesta política y social al fallo marcarán el escenario institucional y electoral en los próximos meses, en un contexto de alta tensión y polarización.