Tras la devastadora inundación ocurrida el 7 de marzo en Bahía Blanca, el Ejército Argentino instaló dos puentes modulares sobre el Canal Maldonado para restablecer la conectividad de la ciudad. Si bien inicialmente se informó que la cesión de los puentes sería gratuita durante 90 días, recientemente se conoció que el municipio debe abonar más de 43 millones de pesos por el alquiler y seguro de estas estructuras, generando una fuerte polémica local.

De acuerdo con los decretos municipales 2188 y 2189, cada puente Bailey tiene un costo de 17.670.949,44 pesos por tres meses, con opción de renovación, y un seguro adicional de 8.417.134,18 pesos. El convenio, firmado en septiembre pero con vigencia retroactiva a junio, establece que el uso de los puentes está limitado a vehículos livianos y que el Ejército proveerá los recursos humanos y materiales necesarios para su despliegue y eventual retiro.

Funcionarios municipales, como el secretario de Obras Públicas Gustavo Trankels, denunciaron que el pago fue exigido por el gobierno nacional y que, de no aceptarlo, los puentes serían retirados. "Intentamos resolver un problema acuciante, el intendente tomó la decisión de firmar el convenio y pagar para que los puentes continúen", señaló Trankels. Por su parte, el Ministerio de Defensa defendió el cobro, argumentando que el canon es mínimo y está previsto por la ley desde hace décadas, incluso bajo administraciones anteriores.

El despliegue del Ejército incluyó más de 1.000 efectivos, vehículos, botes y plantas potabilizadoras, en una operación que, según Defensa, costó más de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, el malestar en Bahía Blanca persiste, especialmente tras el recorte de fondos de asistencia y la omisión de obras hídricas en el presupuesto nacional 2026. Concejal radicales y otros actores locales reclaman la inclusión de proyectos viales clave para la región, mientras la reconstrucción definitiva de los puentes está prevista para 2026-2028 con fondos provinciales.

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad del Estado en situaciones de emergencia y la gestión de recursos públicos, en un contexto de tensiones políticas y económicas entre el municipio y el gobierno nacional.