El gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunció este martes una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de modernizar la fuerza y orientarla hacia la investigación de delitos complejos. El acto, realizado en la sede del Cuerpo de Policía Montada en Palermo, Buenos Aires, contó con la presencia de autoridades policiales, funcionarios y legisladores.

La medida, oficializada mediante el decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial, establece la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que tendrá a su cargo la investigación de delitos como narcotráfico, trata de personas y redes criminales urbanas. Según el gobierno, la reforma busca dotar a la PFA de mayores facultades y autonomía, siguiendo modelos como el FBI de Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil.

Entre los cambios más destacados se encuentra la autorización para que los efectivos realicen patrullaje virtual en redes sociales y espacios digitales abiertos sin necesidad de autorización judicial, aunque se aclara que estas tareas deberán respetar la protección de datos personales y la privacidad. Además, se habilita la posibilidad de detener a personas sin orden judicial cuando existan circunstancias fundadas que hagan presumir la comisión de un delito.

El gobierno también impulsa modificaciones en el régimen de ascensos y auditoría interna, con el objetivo de combatir la corrupción y profesionalizar la fuerza. Se prevé un aumento de efectivos en el interior del país y la creación de centros de seguimiento en ciudades con alta conflictividad, como Rosario.

La reforma se da en un contexto de tensión política, marcado por la inminente detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y movilizaciones sociales. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de una policía más eficiente y vertical, sectores de las fuerzas federales y organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de excesos y la ampliación de facultades discrecionales. El Ministerio de Seguridad aseguró que las nuevas tareas de prevención respetarán los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El anuncio representa un giro significativo en la política de seguridad argentina y abre el debate sobre el equilibrio entre eficacia policial y garantías constitucionales, en un escenario de creciente demanda social por mayor seguridad y transparencia institucional.