La decisión del presidente Javier Milei de vetar las leyes aprobadas por el Congreso nacional que establecían incrementos en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad ha desatado una fuerte controversia política y social en Argentina. El veto, publicado recientemente en el Boletín Oficial, fue justificado por el Gobierno como parte de su compromiso con el déficit fiscal cero, una postura que ha sido reiterada por el propio presidente en sus redes sociales: “El superávit fiscal no se negocia”.

La reacción de la oposición fue inmediata. Diversos bloques, entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, comenzaron a organizarse para intentar revertir los vetos presidenciales. Para lograrlo, necesitan reunir los dos tercios de los diputados presentes en el recinto, una meta que consideran posible tras los resultados de la última sesión, donde se aprobaron 12 iniciativas con amplios márgenes. “Tenemos el número para ponerle un freno a la crueldad de Milei y vamos a trabajar para eso”, afirmó la diputada Sabrina Selva.

En paralelo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas con discapacidad se movilizaron en distintas ciudades del país, con epicentro en Córdoba y frente al Congreso Nacional. Las protestas, que incluyeron testimonios y reclamos públicos, denunciaron el impacto de los recortes en un sistema que ya enfrenta una crisis profunda: más del 75% de desocupación entre personas con discapacidad, prestaciones insuficientes y profesionales migrando a otros rubros. “La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado”, expresaron en un comunicado conjunto.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sumó críticas al presidente, acusándolo de “ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, y llamó a la ciudadanía a expresar su descontento en las próximas elecciones. Por su parte, legisladores oficialistas y aliados defendieron la necesidad de los vetos para sostener el equilibrio fiscal y evitar comprometer el objetivo de superávit.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por la oposición y organizaciones sociales, propone criterios más inclusivos para el acceso a pensiones y compatibilidad con empleo formal, aunque su impacto fiscal es considerado bajo por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, el Gobierno mantiene su postura de no negociar el superávit, lo que augura un debate intenso en el Congreso y en la sociedad, con posibles repercusiones en el escenario electoral de octubre.

El conflicto por los vetos presidenciales refleja la tensión creciente entre las demandas sociales y las políticas de ajuste, en un contexto de crisis económica y polarización política. El desenlace dependerá de la capacidad de la oposición para reunir los votos necesarios y de la presión social en las calles, mientras el país se acerca a una nueva instancia electoral.