El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena al Estado argentino ceder el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la expropiación de la petrolera en 2012, ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, judicial y económico del país. El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ya solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia y prepara una apelación formal para extender los plazos judiciales y evitar una transferencia inmediata de las acciones.

En las provincias productoras de hidrocarburos, como Neuquén y Río Negro, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck han optado por la cautela. Según fuentes oficiales, no se perciben riesgos inmediatos para el desarrollo de Vaca Muerta ni para las inversiones comprometidas en la región, aunque reconocen la importancia de seguir de cerca el proceso judicial. La ley 26.741, que dispuso la expropiación del 51% de YPF, preveía la distribución de una parte de esas acciones entre las provincias, algo que nunca se concretó.

En el Congreso, legisladores de distintos bloques han presentado proyectos para ratificar la vigencia de la ley de expropiación y blindar el control estatal sobre YPF. Paralelamente, el fiscal Ramiro González evalúa reactivar causas judiciales por presuntas irregularidades en la reestatización de la empresa, mientras que la causa original por fraude y defraudación al Estado sigue sin avances significativos.

El caso YPF involucra a figuras políticas y empresariales de alto perfil, como la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Axel Kicillof y la familia Eskenazi, así como al fondo Burford, que adquirió los derechos de litigio. Analistas advierten que el desenlace del litigio podría afectar la credibilidad internacional de Argentina y su acceso a los mercados financieros, en un contexto donde el gobierno busca fortalecer su posición negociadora y evitar que la resolución sea impuesta por tribunales extranjeros.

Mientras tanto, la administración nacional apuesta a ganar tiempo mediante recursos legales y a construir consensos parlamentarios que permitan afrontar el desafío con mayor solidez institucional. El futuro de YPF y el impacto económico de la sentencia siguen siendo motivo de debate y preocupación en el país.